Este mes se cumplen cinco años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 que supuso un cambio drástico de modelo en la sanidad pública, un retroceso en la tendencia hacia la universalidad del acceso a la misma y un duro golpe para los logros sociales en el ámbito de los derechos humanos en general y del derecho a la salud en concreto.

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