Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Comunicado de Red Acoge por el Día Contra la Discriminación Racial 2021

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial queremos reconocer la lucha de la juventud migrante para avanzar hacia una sociedad en igualdad de derechos y denunciar la discriminación que sufren miles de personas a diario en nuestro país 

La lucha contra todo tipo de discriminación es la lucha por alcanzar una sociedad donde todas las personas tengan los mismos derechos sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, condición social, económica, jurídica o internacional del país.  El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que, en el Estado español, la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales. Para revertir esta flagrante situación se ha instado al gobierno a la aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato que dé respuesta unificada a las distintas formas de discriminación que se dan en nuestro país. 

Desde el mes de febrero, se ha iniciado la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley para que proteja a todas las personas de las discriminaciones cotidianas fuertemente arraigadas en la sociedad y garantice el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos. Esta Ley debe incluir todas las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Discriminación, entre ellas las relacionadas con la no discriminación de las personas migrantes y refugiadas que obliga a los Estados a garantizar la igualdad en el disfrute de esos derechos entre la población considerada ciudadana y la no ciudadana, en la medida reconocida en el derecho internacional. El modelo establecido en la normativa española para la concesión de la ciudadanía establece unos criterios discriminatorios que condicionan el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes como, por ejemplo, la adquisición de un contrato de trabajo en los sectores cuya demanda de empleo no sea cubierta por los españoles y españolas. Las personas migrantes deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos y deben tener acceso a una participación e igualdad real, sin discriminación alguna, con independencia de su condición migratoria. 

En este día, desde Red Acoge condenamos cualquier tipo de discriminación y urgimos a impulsar una Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que no excluya a las personas en situación administrativa irregular y una Ley de Extranjería que garanticen los derechos de todas las personas extranjeras sin discriminación alguna. 

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos, sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a dicha sociedad. 

Comunicado Red Acoge | Ante la emergencia social el feminismo es esencial

En el Día Internacional de la Mujer queremos reivindicar una ciudadanía con plenos derechos para todas las mujeres migrantes y refugiadas, y reconocer el liderazgo que desempeñan en todo el mundo para lograr una sociedad igualitaria y libre de violencias

Miles de mujeres a lo largo de los siglos han luchado para romper con una sociedad que restringe derechos y libertades y se asienta en una desigualdad sistémica. Han reivindicado su papel como agentes políticos en la defensa y promoción de los derechos humanos, exigiendo el fin de las leyes, políticas, prácticas y actitudes sociales y culturales que las discriminan por el hecho de ser mujeres.

Las mujeres migrantes asumen retos, grandes riesgos y superan inmensas barreras para intentar tener una vida digna. En la mayoría de los casos se ven obligadas a migrar sin las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias ante los graves obstáculos para conseguir los visados necesarios en su país de origen.

Una vez en el Estado español, la ley que debería proteger sus derechos se los niega. La ley de extranjería las obliga a vivir un mínimo de tres años de exclusión en situación administrativa irregular y las empuja al trabajo informal y a la economía sumergida.

La irregularidad administrativa provoca que las mujeres migrantes se encuentren expuestas a innumerables situaciones de discriminación, explotación y abusos, limitaciones en el ejercicio de múltiples derechos y provoca una situación de mayor vulnerabilidad frente a todo tipo de violencias. Esta situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

Además, la normativa de extranjería limita el acceso a la justicia y facilita que los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de que son objeto las mujeres migrantes en situación irregular, puedan quedar en la impunidad. El temor a la apertura de un procedimiento de expulsión genera que, muchas personas en situación irregular cuando son víctimas de un delito, no acudan a interponer la denuncia en dependencia policiales.

Por todo ello, son muchas las mujeres migrantes, refugiadas, asociaciones y plataformas formadas por ellas, que denuncian y reivindican derechos para la construcción de una sociedad igualitaria.

En el Día Internacional de la Mujer nos unimos a las reivindicaciones de las mujeres migrantes y exigimos:

La modificación de la legislación de extranjería para acabar con la exclusión y discriminación que genera.

La adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica y protección a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, y la denuncia segura ante la vulneración de sus derechos.

La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluida la trata de personas y la explotación laboral, así como la equiparación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de hogar y cuidados y la protección efectiva de los derechos de las jornaleras y porteadoras.

Porque lo esencial es que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas con plenos de derechos, en igualdad, con independencia de su condición migratoria.

Red Acoge cumple 30 años defendiendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Este año, Red Acoge celebra su 30º aniversario trabajando en la defensa y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, contribuyendo a su inclusión y promoviendo la participación y la igualdad de oportunidades.

Desde que en 1991 un grupo de personas de diferentes organizaciones apostase por el compromiso, la profesionalidad, los valores y la interculturalidad de quienes buscaban una sociedad más justa, la Red ha ido trabajando de manera coordinada y creciendo de manera progresiva, incorporando nuevas organizaciones y fortaleciendo no solamente su presencia en diferentes puntos del territorio nacional, sino también la diversidad de la Federación.

Gracias al esfuerzo y compromiso de cada una de las 21 organizaciones que conforman la Federación, y de los 450 profesionales y 1.200 personas voluntarias, actualmente podemos acompañar a más de 30.000 personas al año.

Tres décadas después, la motivación que nos ha impulsado hasta este momento no ha cambiado. Con el paso del tiempo, hemos conseguido aprovechar nuestra propia pluralidad para que las organizaciones que forman parte y la Federación adquieran cada vez un mayor nivel de compromiso mutuo desarrollando un potente sentimiento de pertenencia como Red Acoge y persiguiendo un objetivo común.

Este compromiso y esfuerzo se traduce en la continua lucha en la defensa de derechos, de la dignidad humana, y de un modelo de ciudadanía intercultural. Miramos al futuro con la seguridad de que una sociedad más justa e igualitaria es posible y con el convencimiento de que seremos una red aún más fuerte, unida, consolidada y comprometida.

Desde Red Acoge no cejaremos en seguir avanzando en nuestro compromiso con las personas, por su dignidad y por la transformación social. Porque somos Red Acoge, y hace 30 años que decidimos poner rumbo hacia un futuro mejor.

Comunicado de Red Acoge frente al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la práctica de devoluciones sumarias en España

Desde Red Acoge, valoramos como vergonzoso e inadmisible el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se ha anulado la condena de 2017 a España por las prácticas de devoluciones sumarias en Frontera Sur.

La culpabilización de las personas que intentaron cruzar la frontera por no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, como se argumenta en el fallo, evidencia un desconocimiento inaceptable de los derechos más básicos que asisten a las personas que huyen de sus países, por parte de un Tribunal que debería protegerlos.

Las escasas vías legales existentes, y las dificultades de acceso a ellas por parte de las personas que intentan cruzar las fronteras, hacen que miles de personas pongan en riesgo su vida todos los días obligándolas a migrar a través de vías irregulares. Este es solo uno de los elementos que conforman una política migratoria caracterizada por el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. 

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser retornada a un tercer país sin su consentimiento libre e informado y en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa, independientemente de su estatus migratorio o de la vía de entrada en el país.

Las devoluciones sumarias infringen un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan una frontera. A estas personas les asisten diferentes derechos para darles protección, como el derecho a solicitar asilo, a la atención letrada, interpretación, atención médica, acceso a la tutela judicial efectiva, al recurso ante los tribunales de la propia expulsión y el derecho a la vida.

Independientemente de esta resolución, la práctica de devoluciones sumarias continúa dándose en nuestras fronteras. Numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por España, y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos de las personas migrantes. 

Por este motivo reiteramos al actual Gobierno su obligación de cumplir con el principio de no devolución, independientemente de la vía de entrada al país y denunciamos los obstáculos a los que se enfrentan las personas para migrar a través de vías regulares y seguras. El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Unas fronteras que no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El Estado español tiene derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme al a sus obligaciones.

La sociedad civil exige que todos los derechos humanos tengan la misma protección en España

El 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, conmemorando uno de los mayores hitos del siglo XX: la creación de instrumentos para la defensa y protección de la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos. En este día, la Plataforma DESC denuncia que en España existen situaciones de vulneración de derechos humanos que no han hecho más que empeorar desde el estallido de la crisis económica y sus años posteriores. Esta grave situación ha sido también denunciada por los diferentes mecanismos de control de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus tres informes al Estado español ha mostrado su preocupación por que los derechos económicos, sociales y culturales sigan siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica y que por tanto únicamente puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, tal como el derecho a la vida.

La Constitución española contempla la incorporación automática de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico en el artículo 10. El Estado español se comprometió al cumplimiento efectivo del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y a la utilización de un mecanismo para hacerlo efectivo con la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976.  Sin embargo, estos derechos son tratados como “derechos de segunda”, con una menor garantía, protección y desarrollo que los derechos civiles y políticos, dada su posición como “principios rectores” en la carta magna, y no como derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Gobierno español se han pronunciado recientemente de forma contundente al respecto.

Desde la Plataforma DESC denunciamos esta interpretación que en últimas impide a la ciudadanía invocar derechos como la vivienda, la salud, la protección social, ante los jueces y tribunales. Es necesaria una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales de la jurisdicción correspondiente Asimismo, urgimos al gobierno español para que establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el [Cuadro de texto: Comunicado de Prensa] seguimiento de los Dictámenes del Comité DESC así como las Recomendaciones de los Diferentes Relatores de Naciones Unidas, de forma que se integren en el ordenamiento jurídico y social de nuestro país para garantizar que España sea un país comprometido de verdad con los derechos humanos.

Sobre la Plataforma DESC:
La Plataforma DESC España es un espacio de la sociedad civil española (entidades sociales, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de cooperación al desarrollo, medio ambientales, de discapacidad, sindicatos…) que trabajan juntas para la elaboración del Informe Alternativo en el 6º Examen periódico de España – PIDESC y siguen cooperando para los siguientes informes ante Naciones Unidas.

Día Internacional contra la trata

En el Día Internacional contra la trata de personas desde Red Acoge ​condenamos enérgicamente la explotación con fines de lucro que sufren millones de personas en todo el mundo y que constituye un delito y una grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas. Denunciamos la persistencia y aumento de esta grave vulneración de derechos y la indefensión en la que se encuentran las víctimas.

Leer comunicado

Ante la Discriminación, no te calles: participa contra la discriminación

“ANTE LA DISCRIMINACIÓN, NO TE CALLES: PARTICIPA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN”

El 21 de marzo se celebra desde el año 1966 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en el que Naciones Unidas nos recuerda que en muchas partes del mundo, la incitación al odio y las prácticas discriminatorias por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, entre otras, están muy extendidas.

En este día nos parece relevante hacer una reflexión teniendo en cuenta el contexto actual, una de las formas en las que se traduce la vulneración del derecho a la Igualdad es la discriminación. El trato peor y diferente a determinadas personas por su condición racial o étnica, es una de las formas más atroces de atentar contra la dignidad humana y que nuestra sociedad debe superar a través de la educación, la sensibilización y la legislación.

Comunicado No Discriminacion