Asesoría jurídica

Desde la entidad siempre se ha considerado esencial en el proceso de integración de personas extranjeras, contar con un servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico desde el cual se pueda ofrecer a las personas con las que trabajamos una respuesta jurídica ajustada a una situación personal o familiar concreta.

 

De esta manera se realizan las siguientes actividades:

  • Atención de consultas especializadas en extranjería (obtención de autorizaciones de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, circunstancias excepcionales, acceso a la nacionalidad, prórrogas de autorizaciones, renovaciones, modificaciones de autorizaciones, acceso al régimen comunitario, procedimientos sancionadores de expulsión…).
  • Asesoramiento jurídico en otras áreas cuando en ellas exista algún factor de extranjería ( derecho de familia, derecho laboral, derecho fiscal, derecho civil, derecho penal…).
  • Asesoramiento jurídico en supuestos de racismo, intolerancia y discriminación.
  • En aquellos casos en los que sea necesario se realizarán los acompañamientos, asesoramiento y seguimiento de los trámites y recursos administrativos que deban presentar las personas atendidas para obtener la documentación o regularizar su situación.
  • Impartición de cursos específicos sobre esfuerzo de integración que versan sobre derechos y deberes de las personas extranjeras en España y su integración social, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, valores de la UE, Derechos Constitucionales y estatutarios de Castilla y León, Democracia, Tolerancia e Igualdad entre hombre y mujeres.
  • Colaboración con diferentes recursos públicos y privados que intervienen con población extranjera.
  •  Asesoramiento a empleadores y empresas que deseen contratar a personas extranjeras y demanden información sobre los trámites necesarios.
  • Programa de Atención, Información, Orientación y Asesoramiento a Personas Inmigrantes.
  • Ofrecimiento de Mediación Familiar y Civil como alternativa para la resolución de conflictos, tanto familiares como comunitarios.

 

El servicio jurídico está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Inmigración (FAMI).