Conmemoramos el 21 de marzo poniendo el foco en los microrracismos

En 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta fecha se eligió en conmemoración de la matanza de Sharpeville, en Sudáfrica. Desde el ‘Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación’ de Red Acoge, este año hemos decidido poner la lupa en los microrracismos, pequeñas expresiones cotidianas que usamos y que, sin embargo, tienen un origen tenebroso. Puede que algunas las utilices, puede que de algunas conozcas el origen y de otras no, por eso, durante esta semana, queremos acercaros estas expresiones para reflexionar… ¿conocemos la historia detrás de nuestro lenguaje?

También aprovechamos para recordar que desde el programa de «Igualdad de Trato y No discriminación» disponemos de una APP gratuita para denunciar de forma rápida, segura y anónima casos de discriminación que hayas sufrido o de los que hayas sido testigo.

Día Internacional de la Mujer 2022

Este 8 de marzo de 2022, desde Red Acoge recordamos que las niñas y mujeres representan la mitad de las personas migrantes y refugiadas de todo el mundo, y se ven afectadas de manera singular y desproporcionada por la discriminación, el abuso y la violencia por razones de género.
Sin embargo, juegan un papel fundamental, tanto en la transformación de sus comunidades de origen como de llegada.
Ante la escalada de violencia, los conflictos y la inseguridad alertamos de manera especial sobre las terribles consecuencias que las crisis humanitarias tienen en sus vidas.
Por todo ello, un año más nos sumamos a las reivindicaciones de las mujeres migrantes y refugiadas que superan inmensas barreras para poder defender sus derechos.

Red Acoge pide que se respete el derecho internacional humanitario y reclama a la UE y a España que faciliten la salida segura desde Ucrania y la acogida a personas refugiadas

Desde Red Acoge condenamos enérgicamente la ocupación de Ucrania por parte de la Federación de Rusia y recordamos a las partes del conflicto que los ataques contra la población y las infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.

El rápido deterioro de la situación, como consecuencia de las acciones militares llevadas a cabo por Rusia en Ucrania, ha provocado que cientos de miles de personas – cifradas ayer por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en más de 100.000- se vean obligadas a huir de sus hogares hacia el interior del país o a buscar refugio en otros países.

Ante la inminente crisis de desplazamiento forzado reclamamos a los Gobiernos de los países vecinos que dejen abiertas sus fronteras y que la Unión Europea facilite vías seguras para las personas que buscan seguridad y protección. Entre estas vías que reclamamos se encuentran los corredores humanitarios y la protección inmediata y de carácter temporal para las personas desplazadas aplicando la Directiva 2001/55/CE, que permite conceder una protección temporal de forma inmediata a las personas que llegan a la UE cuando se produce una gran afluencia de personas solicitantes de asilo.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y, a la europea en particular, para que despliegue medidas urgentes que garanticen y protejan los derechos de la población civil en cualquier situación de desplazamiento forzado y su acogida en condiciones adecuadas.

Fichas temáticas sobre trámites administrativos dirigidos a personas migrantes

Desde el programa «Retos para la inclusión de personas migrantes en España» hemos creado una serie de fichas temáticas dirigidas a población migrante con información básica sobre derechos fundamentales y requisitos y trámites necesarios en procesos administrativos como el arraigo, la reagrupación familiar o el contrato laboral.

El arraigo laboral es un procedimiento para regularizar la situación documental en España que da acceso a una autorización de residencia temporal de 1 año de duración para personas migrantes que estando en situación administrativa irregular pueden demostrar la existencia de una relación laboral.

 

VER/ DESCARGAR FICHA ARRAIGO LABORAL

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El arraigo social es un procedimiento para regularizar la situación documental en España que da acceso a una autorización de residencia y trabajo inicial, de 1 año de duración. Es la opción más utilizada por las personas migrantes que quieren conseguir un permiso de residencia en España. Se basa en la existencia de vínculos fuertes e importantes con la comunidad en la que se reside.

VER/DESCARGAR FICHA ARRAIGO SOCIAL

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Es el documento que firman la empresa y la persona trabajadora.
Es un acuerdo escrito por el que el trabajador o trabajadora se compromete a prestar unos servicios en unas condiciones
determinadas a cambio de un salario y con respeto de sus
derechos laborales.

VER/ DESCARGAR FICHA CONTRATO DE TRABAJO

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La reagrupación familiar es un procedimiento que da acceso a autorización de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares de las personas extranjeras residentes en España, en virtud del derecho a la reagrupación familiar.

VER/DESCARGAR FICHA REAGRUPACION

Red Acoge publica el Informe «Retos de la inmigración en España»

Ya está disponible el Informe Retos de la inmigración en España, de Red Acoge, un documento que tiene como principal objetivo identificar los principales obstáculos que tienen las personas no nacionales para acceder y renovar las autorizaciones de residencia y trabajo y el impacto que estos obstáculos tienen en derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud.

En la elaboración del informe hemos participado 13 organizaciones federadas de Red Acoge en el marco del proyecto “Retos para la inclusión de personas migrantes en España. Elaboración de informe”, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

INFORME

 

Guía para la contratación de personas refugiadas por las empresas en España

Red Acoge y la organización internacional Tent Partnership for Refugees y con la colaboración del ACNUR han elaborado y publicado la ‘Guía para la contratación de personas refugiadas por las empresas en España’
Esperamos que sea de utilidad y que las acciones propuestas en esta Guía apoyen en la contratación y generen sinergias entre todas las partes interesadas. Esperamos igualmente que sea una herramienta útil para la inclusión sociolaboral de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

 

 

 

30º Aniversario de Red Acoge

Nuestra federación, Red Acoge, cumple 30 años de trayectoria trabajando en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y contribuyendo a su inclusión en la sociedad a través de la igualdad de oportunidades, la integración sociolaboral y la participación. Desde 1991 diferentes organizaciones han ido uniéndose a la federación, hasta llegar a las 20 que hoy la conformamos, trabajando de manera coordinada y sin dejar de crecer.

Para conmemorar esta fecha señalada se celebró un evento de Aniversario en Madrid al que acudimos representantes de cada una de las organizaciones y en el que hemos conocido más a fondo el trabajo que realiza cada entidad en sus programas y áreas. Como cierre del evento, cada una de las organizaciones recibimos una placa conmemorativa.

Además, se ha elaborado un vídeo en el que diferentes personas que integran Red Acoge (personal técnico, voluntarios/as y usuarios/as) explican qué supone para ellos/as la pertenencia a la Red, cuál ha sido la trayectoria de las entidades dentro de la federación, o los retos futuros que quedan por alcanzar.

 

Somos Red Acoge y llevamos 30 años construyendo red. Seguiremos avanzando en nuestro compromiso con las personas migrantes por una sociedad más igualitaria.

 

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Comunicado de Red Acoge por el Día Contra la Discriminación Racial 2021

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial queremos reconocer la lucha de la juventud migrante para avanzar hacia una sociedad en igualdad de derechos y denunciar la discriminación que sufren miles de personas a diario en nuestro país 

La lucha contra todo tipo de discriminación es la lucha por alcanzar una sociedad donde todas las personas tengan los mismos derechos sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, condición social, económica, jurídica o internacional del país.  El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que, en el Estado español, la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales. Para revertir esta flagrante situación se ha instado al gobierno a la aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato que dé respuesta unificada a las distintas formas de discriminación que se dan en nuestro país. 

Desde el mes de febrero, se ha iniciado la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley para que proteja a todas las personas de las discriminaciones cotidianas fuertemente arraigadas en la sociedad y garantice el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos. Esta Ley debe incluir todas las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Discriminación, entre ellas las relacionadas con la no discriminación de las personas migrantes y refugiadas que obliga a los Estados a garantizar la igualdad en el disfrute de esos derechos entre la población considerada ciudadana y la no ciudadana, en la medida reconocida en el derecho internacional. El modelo establecido en la normativa española para la concesión de la ciudadanía establece unos criterios discriminatorios que condicionan el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes como, por ejemplo, la adquisición de un contrato de trabajo en los sectores cuya demanda de empleo no sea cubierta por los españoles y españolas. Las personas migrantes deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos y deben tener acceso a una participación e igualdad real, sin discriminación alguna, con independencia de su condición migratoria. 

En este día, desde Red Acoge condenamos cualquier tipo de discriminación y urgimos a impulsar una Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que no excluya a las personas en situación administrativa irregular y una Ley de Extranjería que garanticen los derechos de todas las personas extranjeras sin discriminación alguna. 

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos, sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a dicha sociedad.