Red Acoge pide que se respete el derecho internacional humanitario y reclama a la UE y a España que faciliten la salida segura desde Ucrania y la acogida a personas refugiadas

Desde Red Acoge condenamos enérgicamente la ocupación de Ucrania por parte de la Federación de Rusia y recordamos a las partes del conflicto que los ataques contra la población y las infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.

El rápido deterioro de la situación, como consecuencia de las acciones militares llevadas a cabo por Rusia en Ucrania, ha provocado que cientos de miles de personas – cifradas ayer por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en más de 100.000- se vean obligadas a huir de sus hogares hacia el interior del país o a buscar refugio en otros países.

Ante la inminente crisis de desplazamiento forzado reclamamos a los Gobiernos de los países vecinos que dejen abiertas sus fronteras y que la Unión Europea facilite vías seguras para las personas que buscan seguridad y protección. Entre estas vías que reclamamos se encuentran los corredores humanitarios y la protección inmediata y de carácter temporal para las personas desplazadas aplicando la Directiva 2001/55/CE, que permite conceder una protección temporal de forma inmediata a las personas que llegan a la UE cuando se produce una gran afluencia de personas solicitantes de asilo.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y, a la europea en particular, para que despliegue medidas urgentes que garanticen y protejan los derechos de la población civil en cualquier situación de desplazamiento forzado y su acogida en condiciones adecuadas.

Fichas temáticas sobre trámites administrativos dirigidos a personas migrantes

Desde el programa «Retos para la inclusión de personas migrantes en España» hemos creado una serie de fichas temáticas dirigidas a población migrante con información básica sobre derechos fundamentales y requisitos y trámites necesarios en procesos administrativos como el arraigo, la reagrupación familiar o el contrato laboral.

El arraigo laboral es un procedimiento para regularizar la situación documental en España que da acceso a una autorización de residencia temporal de 1 año de duración para personas migrantes que estando en situación administrativa irregular pueden demostrar la existencia de una relación laboral.

 

VER/ DESCARGAR FICHA ARRAIGO LABORAL

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El arraigo social es un procedimiento para regularizar la situación documental en España que da acceso a una autorización de residencia y trabajo inicial, de 1 año de duración. Es la opción más utilizada por las personas migrantes que quieren conseguir un permiso de residencia en España. Se basa en la existencia de vínculos fuertes e importantes con la comunidad en la que se reside.

VER/DESCARGAR FICHA ARRAIGO SOCIAL

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Es el documento que firman la empresa y la persona trabajadora.
Es un acuerdo escrito por el que el trabajador o trabajadora se compromete a prestar unos servicios en unas condiciones
determinadas a cambio de un salario y con respeto de sus
derechos laborales.

VER/ DESCARGAR FICHA CONTRATO DE TRABAJO

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La reagrupación familiar es un procedimiento que da acceso a autorización de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares de las personas extranjeras residentes en España, en virtud del derecho a la reagrupación familiar.

VER/DESCARGAR FICHA REAGRUPACION

Red Acoge publica el Informe «Retos de la inmigración en España»

Ya está disponible el Informe Retos de la inmigración en España, de Red Acoge, un documento que tiene como principal objetivo identificar los principales obstáculos que tienen las personas no nacionales para acceder y renovar las autorizaciones de residencia y trabajo y el impacto que estos obstáculos tienen en derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud.

En la elaboración del informe hemos participado 13 organizaciones federadas de Red Acoge en el marco del proyecto “Retos para la inclusión de personas migrantes en España. Elaboración de informe”, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

INFORME

 

Día Internacional de las Personas Migrantes 2021

Hoy 18 de diciembre nos sumamos a la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes recordando que según el informe de 2020 de migraciones en el mundo de la OIM, se estima que hay un total de 272 millones de personas migrantes (el 3,5% de la población del planeta), 51 millones más que hace justo una década. De ellos, casi 80 millones son desplazados forzosos según datos de ACNUR. Hay miles de motivos por los que una persona decide abandonar su país –o es forzada a hacerlo-. En este día queremos visibilizar algunos de estos motivos bajo el lema “Yo Migro Porque”, incidiendo en que la libre circulación es un derecho recogido y protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y  en que la migración es una realidad inherente a los humanos, que siempre ha existido a lo largo de la Historia y que seguirá existiendo. Desde nuestra entidad continuaremos trabajando en el apoyo, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas migrantes para conseguir su plena inclusión en la sociedad. Porque somos brazos abiertos y acogida. Somos ACOGE.

Lanzamos la campaña ‘Vivienda, Una necesidad, Un derecho’

Desde Procomar Valladolid Acoge lanzamos la campaña de sensibilización  “Vivienda, Una Necesidad, Un Derecho” para visibilizar la realidad que viven muchas personas de origen extranjero cuando tratan de acceder a una vivienda. En algunas ocasiones deben enfrentarse a obstáculos como la discriminación racial, la precariedad económica y social o la falta de información por el simple hecho de ser migrantes. Se les exigen condiciones más estrictas, cláusulas abusivas y más avales en comparación con el resto de la población. El acceso a una vivienda adecuada en condiciones de igualdad -sea cual sea nuestro origen- y su mantenimiento es una de las cuestiones que más preocupan a todas las organizaciones que trabajamos con personas en riesgo o situación de exclusión social. En Procomar Valladolid Acoge entendemos el acceso a una vivienda digna como un factor fundamental para la plena integración social y el desarrollo vital de las personas. Desde el área de vivienda de nuestra entidad llevamos muchos años trabajando para conseguirlo, a través de programas y servicios específicos en materia de vivienda dirigidos a población migrante y/o solicitante de asilo en nuestra ciudad, atendiendo, asesorando y defendiendo los derechos de estas personas para favorecer su participación en la sociedad.  Con esta campaña queremos visibilizar esta realidad,  reivindicando el acceso a una vivienda en igualdad de condiciones como un derecho y una necesidad de vital importancia.

30º Aniversario de Red Acoge

Nuestra federación, Red Acoge, cumple 30 años de trayectoria trabajando en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y contribuyendo a su inclusión en la sociedad a través de la igualdad de oportunidades, la integración sociolaboral y la participación. Desde 1991 diferentes organizaciones han ido uniéndose a la federación, hasta llegar a las 20 que hoy la conformamos, trabajando de manera coordinada y sin dejar de crecer.

Para conmemorar esta fecha señalada se celebró un evento de Aniversario en Madrid al que acudimos representantes de cada una de las organizaciones y en el que hemos conocido más a fondo el trabajo que realiza cada entidad en sus programas y áreas. Como cierre del evento, cada una de las organizaciones recibimos una placa conmemorativa.

Además, se ha elaborado un vídeo en el que diferentes personas que integran Red Acoge (personal técnico, voluntarios/as y usuarios/as) explican qué supone para ellos/as la pertenencia a la Red, cuál ha sido la trayectoria de las entidades dentro de la federación, o los retos futuros que quedan por alcanzar.

 

Somos Red Acoge y llevamos 30 años construyendo red. Seguiremos avanzando en nuestro compromiso con las personas migrantes por una sociedad más igualitaria.

 

Arranca nuestro XIV Ciclo de Cine Intercultural

Un año más desde Procomar Valladolid Acoge presentamos nuestro CICLO DE CINE INTERCULTURAL Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, que este año cumple su decimocuarta edición y que tendrá lugar los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre.

Este 2021 las cuatro películas seleccionadas han sido «Cartas mojadas»(Paula Palacios, 2020), «Mi Tierra»(Mohamed Hamidi, 2013), «El Rayo» (Fran Araujo y Ernesto de Nova, 2013) y «El otro lado de la esperanza» (Aki Kaurismäki, 2017). Las películas serán proyectadas los lunes a las 19:00h en un Centro Cívico diferente cada semana, para llegar a distintos barrios de la ciudad. Los Centros Cívicos elegidos son C.C Bailarín Vicente Escudero (8 de noviembre), C.C Rondilla (15 de noviembre), C.C Canal de Castilla (22 de noviembre) y C.C Zona Este (29 de noviembre).

La entrada es gratuita. Las entradas pueden recogerse en los  mismos Centros Cívicos hasta una semana antes de la proyección. Apertura de puertas media hora antes del inicio.

Además, este año como novedad hemos incorporado una Fila Cero, gracias a la cual aquellas personas que no puedan asistir o que lo deseen pueden hacer una donación a través de estas entidades bancarias:

ES8100755707170600939338 SANTANDER

ES39 2100 3489 5222 0011 0446 CAIXA

ES0321032260310034526167 UNICAJA

¡¡Os esperamos!!

 

Esta actividad forma parte de las acciones de sensibilización  de la entidad, y está financiado por la Fundación ‘la Caixa’ en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento de Valladolid

Nos sumamos a la campaña Emergencia Vivienda

Desde Procomar Valladolid Acoge nos sumamos a la campaña EMERGENCIA VIVIENDA y suscribimos el Manifiesto para denunciar la emergencia que para millones de personas suponen las dificultades para acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible en España.

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MANIFIESTO #EmergenciaVivienda

Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible

La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para millones de personas en España. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas.

Los datos de exclusión en la vivienda abruman y se han agravado con la crisis sanitaria. El 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60% de la población en situación de pobreza severa.

Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza.

Con la covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo ha aumentado a 5,7 millones las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.

Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad).

Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.

Frente a esta emergencia, constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho. Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más.

En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614.000 hogares).

Las organizaciones abajo firmantes defendemos la vivienda como un derecho humano indispensable y un bien de utilidad social. Garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y otros derechos tan fundamentales como la salud y el bienestar.

Creemos también que tanto la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda son oportunidades para asegurar su función social en todo el territorio, exigiendo su plena implantación en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, facilitando la complementariedad con las acciones que ya realizan y la simplificación burocrática y priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables.

Defendemos y entendemos como obra pública prioritaria la inversión en vivienda, especialmente en rehabilitación, como clave de recuperación económica y reconstrucción de derechos post covid que beneficie a toda la ciudadanía, así como de destino prioritario en fondos tanto estatales como europeos.

-Manifiesto completo: Manifiesto #EmergenciaVivienda

-Más información: www.participacionsocial.org/emergenciavivienda

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Celebramos el Día de la Diversidad Cultural reivindicándola como un valor enriquecedor de la sociedad

El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Cada pueblo y sociedad tiene una serie de características  que lo hacen único, singular. Es esta singularidad la que, unida a la del resto, construye la enorme riqueza cultural de nuestro mundo. Es necesario conocer nuestras diferencias, encontrar en ellas nexos de unión y descubrir que podemos reconocernos en la otra persona: entender que esas diferencias, lejos de separarnos, son una fuerza valiosa para impulsar el desarrollo de nuestras sociedades.

Este día es una oportunidad para reflexionar y comprender que una sociedad diversa es una sociedad más fuerte, más inclusiva y más igualitaria.   Apostar por la diversidad como un valor enriquecedor nos hace más plurales, nos hace #singularmenteplurales.