ARRANCA EL XV CICLO DE CINE INTERCULTURAL Y DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

Un año más desde Procomar Valladolid Acoge presentamos nuestro CICLO DE CINE INTERCULTURAL Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, que este año cumple su decimoquinta edición y que tendrá lugar los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre.

Este 2022 las cuatro películas seleccionadas han sido «ADU»(Salvador Calvo, 2020), «Aquí y Allá»(Antonio Mendez, 2012), «Fahim» (P.F. Martín Laval , 2019) y «Parásitos» (Bong Joon Hoo, 2019). Las películas serán proyectadas los lunes a las 19:00h en un Centro Cívico diferente cada semana, para llegar a distintos barrios de la ciudad. Los Centros Cívicos elegidos son C.C Bailarín Vicente Escudero (7 de noviembre), C.Cívico Integrado Zona Este (14 de noviembre), C.C José Luis Mosquera (21 de noviembre) y C.C Pilarica (28 de noviembre).

La entrada es gratuita. Las entradas pueden recogerse en los  mismos Centros Cívicos hasta una semana antes de la proyección. Apertura de puertas media hora antes del inicio.

Este año además, junto con Amnistía Internacional podreis visitar la exposición «Ellas son la Revolución», Mujeres Afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán. La exposición estará disponible del 2 al 16 de Noviembre en el Centro Cívico Delicias (Paseo Juan Carlos I, nº 20).

Reglamento de Extranjería: una reforma necesaria, aunque limitada

Cinco organizaciones especializadas en el apoyo a personas migrantes, entre las que está Red Acoge, consideran que aún quedan por abordar cambios que faciliten su plena integración social y laboral en España  

La alianza formada por cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas -Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive Fundación CEPAIM y Red Acoge- valoran que la aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. Estas cinco entidades alertaron hace ya dos años sobre la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y reclamaron la modificación de este documento para facilitar vías legales y seguras y evitar la irregularidad sobrevenida.

Los avances afectan fundamentalmente a los estudiantes extranjeros que tendrán la posibilidad de trabajar; a las personas que ya tiene autorizaciones de residencia y trabajo y cuya renovación se amplía a cuatro años; a quienes deseen reagrupar a sus familiares flexibilizándose los requisitos económicos; a las personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometen a realizar una formación; a las que llevan tres años en España y consiguen un contrato de trabajo; y a las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde país de origen a través del catálogo de puestos de difícil cobertura.

Todas estas modificaciones están orientadas a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, pero continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena integración social y laboral de las personas migrantes que ya viven en España en igualdad de condiciones.

Entre los retos pendientes que se hubiera podido mejorar y abordar se encuentran la regularización de los hijos no nacidos en España, cuyos padres tengan autorización de residencia y una regulación de la reagrupación que garantice el pleno derecho a la vida familiar. También cuestiones relativas a la situación de las personas solicitantes de protección internacional o apatridia, el desarrollo reglamentario del derecho de acceso a prestaciones sociales básicas y la adopción de medidas para que las personas más vulnerables no queden excluidas de la administración electrónica.

Las cinco organizaciones firmantes consideran necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de extranjería de forma dialogada y participada de manera en temas cruciales como la flexibilización de la reagrupación familiar, el acceso a los visados de búsqueda de empleo o la necesaria sinergia entre la legislación de extranjería y la legislación de asilo o el acceso a la protección social de las personas extranjeras.

En este sentido, es necesario que la política migratoria no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborden todos los obstáculos normativos que impiden a la población migrante su integración e incorporación a la sociedad española en igualdad de derechos.

Red Acoge pide que se respete el derecho internacional humanitario y reclama a la UE y a España que faciliten la salida segura desde Ucrania y la acogida a personas refugiadas

Desde Red Acoge condenamos enérgicamente la ocupación de Ucrania por parte de la Federación de Rusia y recordamos a las partes del conflicto que los ataques contra la población y las infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.

El rápido deterioro de la situación, como consecuencia de las acciones militares llevadas a cabo por Rusia en Ucrania, ha provocado que cientos de miles de personas – cifradas ayer por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en más de 100.000- se vean obligadas a huir de sus hogares hacia el interior del país o a buscar refugio en otros países.

Ante la inminente crisis de desplazamiento forzado reclamamos a los Gobiernos de los países vecinos que dejen abiertas sus fronteras y que la Unión Europea facilite vías seguras para las personas que buscan seguridad y protección. Entre estas vías que reclamamos se encuentran los corredores humanitarios y la protección inmediata y de carácter temporal para las personas desplazadas aplicando la Directiva 2001/55/CE, que permite conceder una protección temporal de forma inmediata a las personas que llegan a la UE cuando se produce una gran afluencia de personas solicitantes de asilo.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y, a la europea en particular, para que despliegue medidas urgentes que garanticen y protejan los derechos de la población civil en cualquier situación de desplazamiento forzado y su acogida en condiciones adecuadas.

Red Acoge publica el Informe «Retos de la inmigración en España»

Ya está disponible el Informe Retos de la inmigración en España, de Red Acoge, un documento que tiene como principal objetivo identificar los principales obstáculos que tienen las personas no nacionales para acceder y renovar las autorizaciones de residencia y trabajo y el impacto que estos obstáculos tienen en derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud.

En la elaboración del informe hemos participado 13 organizaciones federadas de Red Acoge en el marco del proyecto “Retos para la inclusión de personas migrantes en España. Elaboración de informe”, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

INFORME

 

Día Internacional de las Personas Migrantes 2021

Hoy 18 de diciembre nos sumamos a la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes recordando que según el informe de 2020 de migraciones en el mundo de la OIM, se estima que hay un total de 272 millones de personas migrantes (el 3,5% de la población del planeta), 51 millones más que hace justo una década. De ellos, casi 80 millones son desplazados forzosos según datos de ACNUR. Hay miles de motivos por los que una persona decide abandonar su país –o es forzada a hacerlo-. En este día queremos visibilizar algunos de estos motivos bajo el lema “Yo Migro Porque”, incidiendo en que la libre circulación es un derecho recogido y protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y  en que la migración es una realidad inherente a los humanos, que siempre ha existido a lo largo de la Historia y que seguirá existiendo. Desde nuestra entidad continuaremos trabajando en el apoyo, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas migrantes para conseguir su plena inclusión en la sociedad. Porque somos brazos abiertos y acogida. Somos ACOGE.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Un año más llega el 25 de noviembre y con él el momento de recordar a todas aquellas mujeres afectadas por víctimas de violencia de género. Un año más levantamos la voz -la que muchas ya no tienen- para clamar contra todo tipo de violencia hacia la mujer, y contra las desigualdades y la discriminación que subyace, para decir que no están solas, para recordar que acabar con la violencia de género es una labor que implica a toda la sociedad. Según una macroencuesta realizada en 2019 el 57% de mujeres que viven en España (11 millones) han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, ya sea física o sexual. Unas cifras que deben encendernos las alarmas y ser contundentes en nuestra respuesta: basta ya. Las mujeres que han sufrido esta violencia arrastran numerosas cicatrices que no siempre son visibles. La desprotección y la vulnerabilidad en muchas ocasiones son totales, como sucede con muchas mujeres migrantes. El hecho de ser extranjeras y la situación administrativa en la que se encuentran, complica especialmente el acceso a los recursos públicos de atención y protección de víctimas. Además, según el informe de investigación “Tirar del Hilo” publicado en verano de este año por AIETI, Red Latina y la UAM, las mujeres migrantes además de estar
sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia de género reciben menos ayudas y menos órdenes de protección, a pesar de que son muchas más en proporción. Del total de mujeres asesinadas entre 2003 y 2019 en España, el 33% eran de origen migrante, a pesar de que el número de mujeres extranjeras en el país es mucho menor que el de mujeres nacidas aquí. Por otro lado, el sistema VIOGén de seguimiento integral en casos de violencia de género, dependiente del Ministerio del Interior, también apunta a esta
sobrerrepresentación de mujeres extranjeras en las denuncias recogidas –fueron el 35% del total de casos registrados-. A la soledad, la precariedad laboral, la falta de recursos económicos y la exclusión social se une muchas veces el miedo a que denunciar pueda afectar a su condición legal, siendo incluso deportadas, lo que dificulta aún más encontrar una salida, especialmente a aquellas que están en situación administrativa irregular.

Si conoces a alguna mujer víctima de violencia de género puedes consultar la Guía del Ministerio de Igualdad para saber cómo actuar. Si necesitas ayuda, pregúntanos, podemos ayudarte

Día Mundial de los Derechos de la Infancia

El 20 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día de los Derechos de la Infancia, una fecha clave para recordar los derechos básicos que todo niño y toda niña debe tener protegidos, así como para reivindicar la necesidad de que sean garantizados a aquellos/as que se encuentran en una situación vulnerable alrededor del mundo.
En Procomar Valladolid Acoge nos unimos a la conmemoración de este día, un día que recuerda los aniversarios en que se aprobaron la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Desde nuestra Asociación seguiremos trabajando para favorecer la igualdad de condiciones, la no discriminación y la inclusión en la sociedad de todos los niños y niñas.

 

Nos sumamos a la campaña Emergencia Vivienda

Desde Procomar Valladolid Acoge nos sumamos a la campaña EMERGENCIA VIVIENDA y suscribimos el Manifiesto para denunciar la emergencia que para millones de personas suponen las dificultades para acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible en España.

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MANIFIESTO #EmergenciaVivienda

Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible

La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para millones de personas en España. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas.

Los datos de exclusión en la vivienda abruman y se han agravado con la crisis sanitaria. El 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60% de la población en situación de pobreza severa.

Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza.

Con la covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo ha aumentado a 5,7 millones las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.

Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad).

Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.

Frente a esta emergencia, constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho. Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más.

En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614.000 hogares).

Las organizaciones abajo firmantes defendemos la vivienda como un derecho humano indispensable y un bien de utilidad social. Garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y otros derechos tan fundamentales como la salud y el bienestar.

Creemos también que tanto la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda son oportunidades para asegurar su función social en todo el territorio, exigiendo su plena implantación en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, facilitando la complementariedad con las acciones que ya realizan y la simplificación burocrática y priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables.

Defendemos y entendemos como obra pública prioritaria la inversión en vivienda, especialmente en rehabilitación, como clave de recuperación económica y reconstrucción de derechos post covid que beneficie a toda la ciudadanía, así como de destino prioritario en fondos tanto estatales como europeos.

-Manifiesto completo: Manifiesto #EmergenciaVivienda

-Más información: www.participacionsocial.org/emergenciavivienda

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.