Marta García Rioboo

Publicamos la memoria anual del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que recoge el trabajo realizado a nivel estatal durante el 2022.

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El pasado mes de junio se hizo pública la memoria anual del Consejo para la Eliminación de la
Discriminación Racial o Étnica, en la que se puede observar que, a través del Servicio de
Asistencia y Orientación a Víctimas por Discriminación Racial o Étnica, se atendieron un total
de 1570 casos (1084 individuales y 486 colectivos).
Desde su inicio (2013), el 2022 ha sido el año en el que más casos de discriminación por origen
racial o étnico se han documentado por parte del Servicio. Pero esto no es lo único que
podemos destacar.
¿Sabías que…?
1. De los 1570 casos, Castilla y León ha documentado 101 (6%).
2. En cuanto al sexo/género, el 42% de personas atendidas han sido mujeres, el 32%
hombres y el 6% personas no binarias.
3. El tramo de edad que más incidentes ha registrado es el de 36 a 45 años (18%),
seguido por el de 26 a 35 años (17%).
4. La denegación de acceso a bienes y servicios ha supuesto el contexto donde más
casos de discriminación se han registrado (23%, un total de 407 casos), seguido por los
medios de comunicación e internet (199 casos, 11%), ámbito laboral (196 casos, 11%)
y la vivienda (186 casos, 11%).
5. Se ha atendido a personas de más de 30 nacionalidades diferentes.

A pesar de que con el paso de los años más personas dan el paso de dar voz a sus realidades,
sigue existiendo un importante problema de infradenuncia. Por ello, vemos necesario
continuar llevando a cabo acciones de sensibilización dirigidas a población general y coordinación con los agentes clave implicados en el lucha contra la discriminación, generando
así espacios de denuncia segura, y creando mecanismos que garanticen la igualdad de trato y
la no discriminación.

Recordamos que, si has vivido o conoces a alguien que haya sufrido una situación de
discriminación por origen racial o étnico puedes ponerte en contacto con nosotros/as a
través del 983 309 915 y te escucharemos. 
Puedes consultar la Memoria aquí.

Informe Retos de la migración en España 2022

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Retos de la migración en España. Los derechos como base de la inclusión (2022). Con este Informe, que se elabora por segundo año consecutivo, se siguen identificando los principales obstáculos que tienen las personas migrantes para acceder y renovar las autorizaciones de residencia y trabajo y el impacto que estos obstáculos tienen en derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud.

Versión Digital del Informe:

https://redacoge.org/wp-content/uploads/2023/04/DIGITAL_INFORME_RED_ACOGE_2022_18_ABR_2023.pdf

ARRANCA EL XV CICLO DE CINE INTERCULTURAL Y DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

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Un año más desde Procomar Valladolid Acoge presentamos nuestro CICLO DE CINE INTERCULTURAL Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, que este año cumple su decimoquinta edición y que tendrá lugar los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre.

Este 2022 las cuatro películas seleccionadas han sido «ADU»(Salvador Calvo, 2020), «Aquí y Allá»(Antonio Mendez, 2012), «Fahim» (P.F. Martín Laval , 2019) y «Parásitos» (Bong Joon Hoo, 2019). Las películas serán proyectadas los lunes a las 19:00h en un Centro Cívico diferente cada semana, para llegar a distintos barrios de la ciudad. Los Centros Cívicos elegidos son C.C Bailarín Vicente Escudero (7 de noviembre), C.Cívico Integrado Zona Este (14 de noviembre), C.C José Luis Mosquera (21 de noviembre) y C.C Pilarica (28 de noviembre).

La entrada es gratuita. Las entradas pueden recogerse en los  mismos Centros Cívicos hasta una semana antes de la proyección. Apertura de puertas media hora antes del inicio.

Este año además, junto con Amnistía Internacional podreis visitar la exposición «Ellas son la Revolución», Mujeres Afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán. La exposición estará disponible del 2 al 16 de Noviembre en el Centro Cívico Delicias (Paseo Juan Carlos I, nº 20).

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA

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COMUNICADO 21/03/2020:

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, desde RED ACOGE, queremos mostrar nuestra especial preocupación por los discursos de odio, racistas y xenófobos hacia las personas migrantes, que se están llevando a cabo por parte de líderes de opinión.

Discursos caracterizados por la utilización de un enfoque alarmista, la criminalización y deshumanización de la población migrante, y el uso de datos falsos o tergiversados, generando prejuicios y estereotipos y una actitud de rechazo hacia la población migrante. La reproducción de estos mensajes por parte de la ciudadanía tiene un impacto social directo, ya que influyen en la percepción, recepción e interacción con la realidad migratoria, fomentando actos discriminatorios contra la población migrante.

Por este motivo, es imprescindible promover discursos en los que se tenga en cuenta que migrar es un derecho inherente a la condición humana, y que las personas que migran son sujetos de estos derechos. Además de generar discursos alternativos, con un enfoque de derechos, la ciudadanía como receptora de discursos de odio, tenemos la capacidad de luchar contra la xenofobia y el racismo que se desprende de esos mensajes. Asimismo, tenemos el poder de contrarrestarlos siendo agentes de cambio denunciando cualquier acto discriminatorio que suframos o presenciemos.

Desde Red Acoge ponemos a disposición de la sociedad varias herramientas para denunciar casos de discriminación, entre ellas la App Alerta Discriminación, que nos sirve para visibilizar estas situaciones y actuar para que no queden impunes.

El 21 de marzo apelamos a la ciudadanía y a todos los actores sociales y, en particular a los poderes públicos, además de formaciones políticas y medios de comunicación, a luchar contra los discursos xenófobos e intolerantes dirigidos a la sociedad en contra de las personas migrantes y refugiadas

Frente al discurso de odio… ¡Actuemos!

Puedes leer este comunicado en los siguientes idiomas:

Comunicado de Red Acoge frente al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la práctica de devoluciones sumarias en España

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Desde Red Acoge, valoramos como vergonzoso e inadmisible el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se ha anulado la condena de 2017 a España por las prácticas de devoluciones sumarias en Frontera Sur.

La culpabilización de las personas que intentaron cruzar la frontera por no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, como se argumenta en el fallo, evidencia un desconocimiento inaceptable de los derechos más básicos que asisten a las personas que huyen de sus países, por parte de un Tribunal que debería protegerlos.

Las escasas vías legales existentes, y las dificultades de acceso a ellas por parte de las personas que intentan cruzar las fronteras, hacen que miles de personas pongan en riesgo su vida todos los días obligándolas a migrar a través de vías irregulares. Este es solo uno de los elementos que conforman una política migratoria caracterizada por el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. 

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser retornada a un tercer país sin su consentimiento libre e informado y en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa, independientemente de su estatus migratorio o de la vía de entrada en el país.

Las devoluciones sumarias infringen un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan una frontera. A estas personas les asisten diferentes derechos para darles protección, como el derecho a solicitar asilo, a la atención letrada, interpretación, atención médica, acceso a la tutela judicial efectiva, al recurso ante los tribunales de la propia expulsión y el derecho a la vida.

Independientemente de esta resolución, la práctica de devoluciones sumarias continúa dándose en nuestras fronteras. Numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por España, y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos de las personas migrantes. 

Por este motivo reiteramos al actual Gobierno su obligación de cumplir con el principio de no devolución, independientemente de la vía de entrada al país y denunciamos los obstáculos a los que se enfrentan las personas para migrar a través de vías regulares y seguras. El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Unas fronteras que no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El Estado español tiene derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme al a sus obligaciones.

La sociedad civil exige que todos los derechos humanos tengan la misma protección en España

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El 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, conmemorando uno de los mayores hitos del siglo XX: la creación de instrumentos para la defensa y protección de la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos. En este día, la Plataforma DESC denuncia que en España existen situaciones de vulneración de derechos humanos que no han hecho más que empeorar desde el estallido de la crisis económica y sus años posteriores. Esta grave situación ha sido también denunciada por los diferentes mecanismos de control de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus tres informes al Estado español ha mostrado su preocupación por que los derechos económicos, sociales y culturales sigan siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica y que por tanto únicamente puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, tal como el derecho a la vida.

La Constitución española contempla la incorporación automática de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico en el artículo 10. El Estado español se comprometió al cumplimiento efectivo del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y a la utilización de un mecanismo para hacerlo efectivo con la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976.  Sin embargo, estos derechos son tratados como “derechos de segunda”, con una menor garantía, protección y desarrollo que los derechos civiles y políticos, dada su posición como “principios rectores” en la carta magna, y no como derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Gobierno español se han pronunciado recientemente de forma contundente al respecto.

Desde la Plataforma DESC denunciamos esta interpretación que en últimas impide a la ciudadanía invocar derechos como la vivienda, la salud, la protección social, ante los jueces y tribunales. Es necesaria una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales de la jurisdicción correspondiente Asimismo, urgimos al gobierno español para que establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el [Cuadro de texto: Comunicado de Prensa] seguimiento de los Dictámenes del Comité DESC así como las Recomendaciones de los Diferentes Relatores de Naciones Unidas, de forma que se integren en el ordenamiento jurídico y social de nuestro país para garantizar que España sea un país comprometido de verdad con los derechos humanos.

Sobre la Plataforma DESC:
La Plataforma DESC España es un espacio de la sociedad civil española (entidades sociales, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de cooperación al desarrollo, medio ambientales, de discapacidad, sindicatos…) que trabajan juntas para la elaboración del Informe Alternativo en el 6º Examen periódico de España – PIDESC y siguen cooperando para los siguientes informes ante Naciones Unidas.