General
Una veintena de instituciones públicas y asociaciones de acompañamiento a población migrante de Valladolid han llegado a un acuerdo del que se deriva la siguiente tabla salarial de servicios prestados en el hogar familiar en el año 2026.
Incluyen la remuneración por horas y otros aspectos de interés según RD 1620/2011 y el acuerdo de la subcomisión de empleo.
Cuando comencé mis prácticas el 30 de marzo en la Procomar Valladolid Acoge, pensé que serían como mis experiencias anteriores, adquiriendo habilidades técnicas relacionadas con los medios en general. Pero esta vez fue completamente diferente. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que esta experiencia era más profunda y amplia que las prácticas universitarias que realizaba como parte de mi máster de Periodismo Digital en la Universidad de Valladolid.
Durante estos tres meses, esta oportunidad fue increíblemente enriquecedora. Mejoré mi experiencia en la gestión del contenido digital de la asociación en plataformas como Instagram, Facebook, X y TikTok. También contribuí a la actualización de la pagina web redactando y publicando noticias, artículos, reportajes y material audiovisual. Además, adquirí experiencia en el análisis del rendimiento del contenido, la medición de su alcance y la interacción con la audiencia, y aprendí a aumentar su alcance y conectar con un público más amplio.
Otra tarea que realicé a diario fue la redacción de artículos periodísticos, lo cual marcó mi experiencia y tuvo un profundo impacto humano. Recopilé y seguí noticias relacionadas con la migración en España, así como actualizaciones sobre el proceso de la regularización extraordinaria. Esta tarea me permitió comprender mejor la realidad de la migración y la importancia de proporcionar información precisa y fiable, lo que a su vez ayuda a entender mejor los problemas migratorios.
Quizás lo que distinguió mi experiencia y le añadió una dimensión humana fue facilitar la comunicación directa con las personas que acudían a la asociación. Tuve la oportunidad de colaborar con la traducción entre árabe y español, lo que me permitió contribuir a facilitar la comunicación entre los migrantes y los trabajadores . En esos momentos, comprendí la dimensión humana y la importancia de esta tarea.
Como estudiante de máster en Periodismo Digital, esta experiencia me permitió pasar del ámbito teórico al práctico, aplicando lo aprendido en la universidad a una situación real. El aspecto académico está incompleto sin experiencias prácticas que perfeccionen el conocimiento y lo hagan más fácilmente aplicable a un entorno laboral real.
Al concluir esta fase, deseo agradecer a todos los compañeros de la Procomar Valladolid Acoge su confianza y apoyo, así como el ambiente profesional y humano que me brindaron durante mi formación. Me llevo de esta experiencia una valiosa experiencia práctica, habiendo aprendido a utilizar nuevas herramientas de conocimiento que facilitarán enormemente mi vida profesional.
Estos tres meses constituyen un hito importante en mi trayectoria académica y profesional, y una experiencia cuyas enseñanzas me acompañarán en cada paso que dé.
MADRID | 20 JUN 2020
En un contexto internacional marcado por guerras, conflictos armados, persecuciones políticas, violencia, crisis humanitarias y desplazamientos forzados sin precedentes, el derecho de asilo constituye una de las principales herramientas de protección de los derechos humanos. Sin embargo, este derecho atraviesa uno de los momentos más delicados desde su reconocimiento tras la Segunda Guerra Mundial.
Hoy es la propia Unión Europea la que está impulsando una normativa que pone en riesgo este derecho. La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) abre una nueva etapa en la que el Estado español deberá aplicar las medidas que contempla esta normativa.
Desde Red Acoge advertimos que esta aplicación corre el riesgo de traducirse en un debilitamiento de las garantías jurídicas y en una mayor vulneración de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional.
En lugar de garantizar vías seguras y una acogida con derechos, gran parte de las medidas contempladas en el PEMA priorizan el control migratorio sobre la protección de las personas y persiguen, en la práctica, tres objetivos fundamentales: impedir que las personas lleguen a las fronteras europeas, expulsar lo antes posible a quienes consiguen llegar y criminalizar a quienes logran quedarse.
El Estado español ya está aplicando algunas medidas, entre ellas la delegación del control de las fronteras a Estados africanos a través de acuerdos bilaterales o la construcción de centros de retorno en terceros países como Mauritania. Estas medidas impiden que personas que busca protección puedan llegar a las fronteras europeas y que aquellas que consiguen llegar sean expulsadas sin garantías.
Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, Red Acoge se suma al llamamiento de Naciones Unidas a todos los gobiernos para defender sistemas de asilo justos, accesibles y respetuosos con los derechos humanos, «hasta que todo el mundo esté a salvo».
En este contexto, pedimos al Estado español que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo se convierta en una oportunidad para reforzar la protección internacional y no para reducir las garantías de quienes necesitan refugio.
Desde Red Acoge exigimos al Estado español que:
Procomar Valladolid Acoge es una entidad privada sin ánimo de lucro, federada dentro de Red Acoge, que lleva casi 4 décadas trabajando en la acogida, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas migrantes para lograr su plena integración en la sociedad. Dentro de su ámbito de actuación, se encuentra el Programa de Protección Internacional, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Solo en 2025, la ONG atendió a 74 personas solicitantes de Protección Internacional (81,1% mujeres y 18,9%hombres) con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas y favorecer su proceso de integración, promoviendo su autonomía e independencia en España.
Junto a su pareja y su hermano, Diego Fernando Tamayo Henao (Colombia) llegó a España el 17 de abril de 2024 con una solicitud de permiso de estancia por estudios. Pero para este joven técnico de farmacia, su periplo comenzó mucho antes de pisar suelo español. Tras obtener el título de Técnico de Farmacia en su Colombia natal, comenzó a estudiar Ingeniería de Sistemas, pero su carrera se truncó tras la muerte de su padre, cuando tuvo que renunciar a la beca de la que disfrutaba para ayudar a su familia. Ese fue el momento en el que Diego decidió salir del país, “no huyendo de un entorno de violencia manifiesta”, explica, “sino de una asfixiante sensación de estancamiento profesional y académico”, asegura.
Australia fue el primer destino de Diego, donde vivió un año y medio, perfeccionando su inglés. Allí se topó con un sistema de inmigración “rígido y excluyente”, corrobora Diego, que amenazaba con retrasar su residencia legal entre 10 y 15 años.
Buscando afinidad cultural y lingüística, España se convirtió en su siguiente destino La familia llegó decidida a continuar sus estudios, pero ante la complicación de las convalidaciones académicas, Diego valoró que “la mejor opción era estudiar en el Español de Educación Secundaria para Adultos (ESA). “En ese momento ya cumplíamos con todos los requisitos legales para conseguir la estancia por estudios”, afirma Diego. “Matrícula escolar, padrón municipal, prueba de solvencia económica”, argumenta. Pero desde la Oficina de Extranjería no le concedieron el permiso requerido.
A raíz de esta situación, Diego optó por formarse en Ilustración, Animación y Diseño de Videojuegos, cuyas prácticas realiza en la actualidad. Aunque con esta formación y tras interponer varias demandas y recursos de reposición, pudo conseguir finalmente su estancia por estudios, Diego nunca pudo combinarlo con un trabajo que le permitiera mantenerse económicamente debido a, de nuevo, trabas burocráticas con el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero).
Fue entonces cuando, gracias al anuncio de la Regularización Extraordinaria impulsada por el Gobierno de España, la situación de Diego y su familia dio un giro. Y es que, para poder ser solicitantes de esta medida, los tres tuvieron que renunciar a su estatus de estudiantes, lo cual, en palabras de Diego “fue algo paradójico porque nos sumió, de repente, en una situación de completa irregularidad”.
La publicación del texto definitivo del Real Decreto 316/2026 sobre la Regularización Extraordinaria el pasado abril de 2026 introdujo un nuevo requisito documental: el informe de vulnerabilidad. A medida que se acercaban los plazos y las organizaciones se veían desbordadas, la conexión previa de Diego con la asociación Procomar Valladolid Acoge, con la que ya se había inscrito hace tiempo en Valladolid para preparar su currículum y recibir orientación profesional, resultó crucial. “El hecho de estar inscrito previamente en la asociación agilizó mi solicitud, ya que las personas que se presentaban por primera vez tenían que inscribirse y se formaban colas para ello”, asegura.
Desde que Diego subió oficialmente todos los documentos requeridos hasta la notificación de la aprobación de su permiso de residencia temporal y de trabajo pasaron tan solo 14 días. Un resultado muy positivo, “en marcado contraste con la situación de mi hermano y su pareja, que aún esperan con ansiedad una respuesta oficial”, recuerda.
Recibir el “sí” de la Administración, esta vez, ha cambiado su vida. De hecho, Diego ya ha dado los primeros pasos para la búsqueda de empleo como inscribirse en el ECYL o participar en una feria de empleo en Valladolid en la que ser reunieron una veintena de empresas de la región.
Pero este joven no se ha olvidado de quienes aún se encuentran en situación irregular. “Conozco a muchas personas altamente cualificadas y profesionales que se han quedado sin documentación o están atrapadas en una situación precaria por falta de información”, afirma. “Con esta Regularización Extraordinaria por fin ven una luz al final del túnel para retomar sus vidas profesionales y familiares”, añade.
Ahora, Diego aborda sus objetivos futuros desde la calma de una situación regular y apela siempre a la resiliencia social. “Insto a todos aquellos que se enfrentan a circunstancias similares a perseverar, acceder a redes de apoyo y no rendirse ante los obstáculos administrativos”, insiste.
Valladolid, 20 de mayo de 2026. – Dar voz a las historias de las personas solicitantes de Protección Internacional y sensibilizar a la sociedad de acogida sobre el complejo proceso migratorio. Con este doble objetico nace `Miradas´, una exposición fotográfica organizada por Procomar Valladolid Acoge en colaboración con la Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Valladolid.
La muestra se ha inauguró ayer por la tarde en el hall de la Facultad de Derecho de la UVa de la mano de Rosalba Fonteriz García, delegada del Rector para la Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UVa, que destacó el carácter universal de la migración y recordó que “de una forma u otra, todos nosotros somos migrantes; todos nos hemos movido alguna vez en este mundo”. Por su parte, José Antonio Álvarez, presidente de Procomar Valladolid Acoge, subrayó que uno de los principales objetivos de la entidad es “que todas las personas migrantes puedan vivir con dignidad”, insistiendo además en la importancia de la sensibilización social para combatir prejuicios, estereotipos y discursos que deshumanizan aquienes migran.
Al acto también acudió Marina Cuadrado, educadora social del Programa de Protección Internacional de Procomar Valladolid Acoge y autora de las fotografías de la exposición. “Las personas migrantes no son un número ni un porcentaje, detrás de cada uno de ellos hay una historia que merece ser vista”, afirmó. A ella se unieron las voces de Kelly y Faty, dos mujeres participantes en el programa de Protección Internacional que compartieron sus historias personales con el público.
`Miradas´ es una de las acciones de la ONG enmarcada en la celebración del 20 de junio – Día del Refugiado. Está compuesta por 16 imágenes centradas en los ojos de las personas participantes en el programa de Protección Internacional de la ONG y provenientes de países como Venezuela, Senegal, Mali o Gambia.
Las fotografías, acompañadas por breves reflexiones personales, recogen la nostalgia, la alegría, el miedo, la tristeza, la esperanza.. Un sinfín de emociones que emergen tras dejar atrás sus hogares y establecerse en una nueva sociedad.
De esta manera, partiendo de la imagen fija como impulsora, Procomar Valladolid Acoge pretende generar un espacio de sensibilización entre la ciudadanía de Valladolid, especialmente los jóvenes, para poder eliminar así estereotipos y relatos falsos construidos sobre la realidad de las personas migrantes.
De hecho, la muestra viajará por tres facultades de la Universidad de Valladolid para que el alumnado pueda acercarse y se genere así un diálogo necesario y enriquecedor. Desde hoy y hasta el 29 de mayo, `Miradas´ se podrá visitar en el hall de la Facultad de Derecho. El 1 de junio, se traslada hasta a Facultad de Medicina, donde permanecerá hasta el 12 del mismo mes. Finalmente, la exposición podrá visitarse del 15 al 26 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras.
Procomar Valladolid Acoge es una entidad privada sin ánimo de lucro, federada dentro deRed Acoge, que lleva casi 4 décadas trabajando en la acogida, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas migrantes para lograr su plena integración en la sociedad. Dentro de su ámbito de actuación, se encuentra el Programa de Protección Internacional, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Solo en 2025, la ONG atendió a 74 personas solicitantes de Protección Internacional (81,1% mujeres y 18,9%hombres) con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas y favorecer su proceso de integración, promoviendo su autonomía e independencia en España.
Mina Jalali es una mujer iraní de origen persa, licenciada en Filología Persa, que, en 2016, decidió abandonar su país con su único hijo debido a las difíciles condiciones sociales, económicas y políticas.
Según su testimonio, “Irán gozaba de mayores libertades y apertura antes de la llegada del actual gobierno” y añade que “muchas mujeres vivían en mejores condiciones sociales y de vida”. Por ejemplo, su madre. “Ella trabajaba como enfermera, podía llevar falda corta, ir sin velo… con libertad total”. Sin embargo, Mina no pudo encontrar trabajo como filóloga y decidió formarse en peluquería y estética, llegando a montar su propio salón de belleza, “hasta que empecé a tener problemas con el Gobierno”, asegura.
“El actual gobierno, poco a poco nos ha ido quitando nuestra cultura persa y nuestros derechos y libertades”, recuerda Mina. Y asegura que la guerra que golpea a Irán en la actualidad, iniciada por Israel y Estados Unidos, “no es de ahora, en Irán estamos en guerra desde hace 50 años”, refiriéndose al momento en el que el país comenzó a ser una República Islámica en la que actualmente las mujeres no pueden cantar en la calle o escuchar música.
“Sin amor hay mucha guerra”, se lamenta Mina, que insiste en que su trayecto migratorio “ha sido difícil, pero también me ha enseñado mucho”. Y es que la iraní pasó de Irán a Turquía, donde permaneció durante 6 años, trabajando y cotizando. Tras ese periodo de tiempo pudo llegar a España en 2022 como refugiada. En concreto, a Valladolid, donde acudió a Procomar Valladolid Acoge junto a su hijo. “Fue muy duro para mí presentarme como una persona pobre, yo nunca lo he sido en Irán”, afirma.
Al duelo por estatus se añadieron otros más: por idioma, por cultura… Pero Mina, tras completar varios cursos de formación (algunos de peluquería y otros de estética) ha podido abrir su negocio “Mina Stilista´s ” en el barrio de Parquesol, en Valladolid.
“Yo no soy un árbol”, siempre me muevo si no estoy bien en un sitio. Ahora Valladolid es su lugar de arraigo y de vida. Y, a pesar de la complicada situación actual en Irán, Mina mira hacia el futuro con decisión. “Hay días que llamo a mi familia de Irán y solo puedo decir ¿hola, qué tal? y se corta la comunicación”.
En el tiempo en el que duró esta entrevista, dos clientes entraron en la peluquería de Mina y otros tantos llamaron por teléfono para reservar cita. El esfuerzo de Mina se ve recompensado. La vida sigue.
Con motivo del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora este 21 de marzo, y bajo el lema «Parad el racismo y no a las personas», organizaciones como Rights International Spain, Amnistía Internacional, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA, Defender a Quien Defiende, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Convivir Sin Racismo y así hasta más de 400 entidades de todo el Estado español, se han unido a la campaña para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.
Las organizaciones denuncian que las paradas, identificaciones y redadas racistas tienen graves consecuencias para las personas, afectando a su salud física y emocional, al verse sometidas a controles injustificados que les obligan a tener que identificarse, e incluso ser cacheadas en espacios públicos. En general, hablamos de una práctica que profundiza la estigmatización social al tiempo que vulnera libertades y derechos fundamentales.
Para las personas migrantes incluidas las que están en procesos de regularización, las consecuencias pueden ser dramáticas porque pueden incluir la expulsión o la dilación en la obtención de permisos de residencia y trabajo si la policía les para y les multa o se les impone algún tipo de sanción.
Además, las recientes negociaciones en el marco de la UE en materia de retorno son alarmantes. Con el nuevo Reglamento de Retorno se ponen en riesgo los derechos más básicos. Se abre la puerta a paradas con perfil racial, redadas en hogares y espacio público, deportaciones y más vigilancia, acercando a la Unión Europea al modelo del ICE en EEUU, priorizando la coerción frente a la protección.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y organismos de Naciones Unidas han denunciado estas prácticas en España pidiendo su expresa prohibición.
Diversas investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales. En el Estado español, un estudio de observación directa realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la estación de autobuses de Granada en 2016 reveló que por cada persona blanca identificada se paraba a 42 personas negras. Otros datos muestran que por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras.
A nivel europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en un informe de 2024, basado en una encuesta a 6.752 inmigrantes y descendientes de inmigrantes procedentes de países del África subsahariana en 13 Estados miembros de la Unión Europea, señalaba que las personas negras tienen un mayor riesgo de ser objeto de controles policiales. Un 34% de jóvenes entre 16 y 24 años fue interpelado por fuerzas del orden en los cinco años anteriores a la investigación. En España el 34% de los hombres afrodescendientes fueron objeto de paradas e identificaciones policiales. Entre las personas a las que la policía detuvo durante el año anterior al informe, el 58 % consideró que su última detención se debió a la discriminación racial. España, con un 66%, es el segundo país con la tasa más alta.
Ante esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha instado al Estado español a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos”, así como a garantizar su investigación y sanción.
Más allá de los datos, las organizaciones denuncian el impacto directo que estas prácticas tienen en la vida de las personas afectadas. Las paradas policiales injustificadas implican controles de identidad e incluso cacheos en espacios públicos que generan afectaciones en la salud física y emocional, además de reforzar la estigmatización social y la criminalización de las personas migrantes y racializadas.
Esta realidad afecta también a adolescentes y jóvenes, quienes no solo se ven sometidos a controles desproporcionados, sino que experimentan un impacto negativo en su identidad y sentimiento de pertenencia, al verse señalados como sospechosos, tal y como señala este joven de origen colombiano:
“Estábamos tomando un café en una terraza, había varias mesas ocupadas pero la policía solo identificó a los que parecíamos extranjeros, cuando le pregunté me dijo que le parecía extraño que yo estuviera tomando allí un café porque hacía frío”
Uno de los principales obstáculos para abordar esta problemática es su negación por parte de las autoridades implicadas, que suelen limitarse a señalar que se trata de casos aislados atribuibles a comportamientos individuales, sin querer reconocer la existencia de una práctica estructural. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales llevan años denunciando que se trata de una práctica arraigada como método de control migratorio, que contribuye a generar desconfianza hacia las fuerzas policiales, aumenta la infradenuncia de vulneraciones de derechos y refuerza el sentimiento de indefensión entre las personas afectadas.
Las organizaciones recuerdan la necesidad de incluir en la ley una prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación, pidiendo que se haga en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana.
“Iba con mi chica que conducía su moto, nos paró la policía para pedir los papeles de la moto pero en cuanto me quité el casco vinieron hacía mí, y a quien le pidieron los papeles fue a mí y no a ella, ella protestó porque era ella quien conducía pero ni caso, le pedí que no protestara porque la experiencia me dice que solo podía perjudicarme, es triste pero es así. Después de 10 minutos nos dejaron ir, pregunté por qué me habían pedido documentación, dijeron solo que estaban haciendo su trabajo, pero en ningún momento la identificaron a ella, al final nos arruinaron la noche, te haces la pregunta, si yo fuese blanco, ¿me hubieran pedido los papeles?” Thimbo Samb, actor y activista senegalés.
Ante esta situación, las organizaciones adheridas reclaman medidas concretas para erradicar esta práctica discriminatoria, concretamente estableciendo el uso obligatorio de formularios de parada que recojan datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Estos formularios permiten documentar objetivamente las motivaciones, el contexto y los resultados de las intervenciones policiales, facilitando la identificación de posibles prácticas discriminatorias. Además, contribuyen a mejorar la transparencia institucional, reforzar la calidad del trabajo policial y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las organizaciones subrayan que “el éxito de esta herramienta depende de que los datos recogidos permitan identificar los grupos de población afectados, las razones de las intervenciones y sus resultados, así como de garantizar la transparencia en la comunicación pública de la información”.
Los formularios ayudan a detectar y prevenir posibles prácticas discriminatorias, especialmente hacia personas migrantes o racializadas. Para ello, deben integrarse en un sistema de registro accesible para supervisión independiente, con datos desagregados que permitan detectar patrones discriminatorios. Asimismo, consideran imprescindible que la sociedad civil participe en el diseño, desarrollo y evaluación de estos sistemas de registro.
En el marco de la campaña “Parad el racismo y no a las personas”, las organizaciones adheridas realizarán durante las próximas semanas acciones de sensibilización y movilización en diferentes ciudades, con actividades públicas destinadas a visibilizar la existencia de los controles policiales racistas y reclamar medidas efectivas para su erradicación.
En esta línea se realizarán actos en localidades como Cáceres, Granada, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Toledo y Valencia y se presentarán mociones pidiendo el establecimiento de formularios de parada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ayuntamientos como los de Valencia, Salamanca y Barcelona.
Las entidades recuerdan que visibilizar esta práctica es un objetivo fundamental, dado que se trata de un problema endémico que sigue siendo sistemáticamente negado en el Estado español, pese a la evidencia acumulada durante años.
Concluyen que poner fin a los controles policiales racistas es una condición imprescindible para garantizar el principio de igualdad y no discriminación, así como para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos.
Representantes de Procomar Valladolid Acoge acudieron ayer al Acto de Presentación del Balance anual del programa Incorpora de Fundación «la Caixa» en Castilla y León que tuvo lugar en Salamanca.
Pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas.
Para reducir estas brechas, la Fundación ”la Caixa” impulsa desde 2006 el programa Incorpora, iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial.
En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11 %, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025. Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales, como la precariedad económica o las dificultades de conciliación, factores que limitan de manera significativa sus oportunidades de inserción laboral.
En este escenario, de las más de 39.000 inserciones registradas por el programa en 2025 en toda España, el 53,27 % correspondió a mujeres, un dato que pone de manifiesto el impacto positivo de las actuaciones desarrolladas para favorecer su acceso al empleo. En Castilla y León, de las 2.542 contrataciones impulsadas, 1.396 correspondieron a mujeres.
El modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral. Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona. Mediante un acompañamiento cercano y especializado, impulsan la mejora de las competencias profesionales y personales, y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para el empleo, factores clave para una inserción laboral sostenible y de calidad.
«Detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo al reforzar su estabilidad y autoestima», explica el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón.
En línea con las necesidades del mercado
El programa actúa como nexo entre las necesidades de las empresas y el talento de las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. Las empresas participantes cubren vacantes y se implican en modelos de contratación responsables que favorecen la existencia de entornos laborales más diversos.
La mayoría de las inserciones impulsadas por el programa en el último año se han concentrado en el sector servicios, principal motor del mercado laboral español. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este sector concentra más del 76 % del empleo en España. En este ámbito destacan las inserciones en hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística.
Este alineamiento con las necesidades del mercado laboral facilita oportunidades de empleo para las personas participantes y contribuye al dinamismo económico y al impacto social del programa.
La Fundación ”la Caixa” impulsa una acción social de alcance estatal orientada a promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las etapas de la vida, con especial atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, la promoción del empleo, las personas mayores y quienes afrontan situaciones de mayor fragilidad social o sanitaria.
Desde una perspectiva integral y personalizada, la Fundación desarrolla sus programas en alianza con entidades sociales locales, que conocen de primera mano la realidad de cada territorio.
A través de su Plan Estratégico 2025-2030, dotado con más de 4.000 millones de euros, la Fundación ”la Caixa” refuerza su apuesta por la transformación social y el desarrollo de una sociedad más inclusiva. En 2026, la Fundación ”la Caixa” cuenta con un presupuesto histórico de 710 millones de euros, lo que supone un 8,4 % más que el año anterior. Del total de esta inversión, cerca del 60 % se destina al desarrollo de programas de transformación social.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra hoy, 18 de diciembre, Procomar Valladolid Acoge ha visitado el I.E.S. Emilio Ferrari de la capital vallisoletana. El objetivo ha sido el de transmitir a los estudiantes de 3º de la ESO, dentro de su asignatura de Geografía e Historia, un conocimiento más amplio sobre las personas que se ven abocadas a migrar, sobre las dificultades que encuentran por el camino y sobre sus derechos, además de explicar de qué manera colabora Procomar en hacer ese camino más fácil.
Para ello, la asociación ha contado con el apoyo de Fanny y Edith, dos mujeres migrantes procedentes de Venezuela y Camerún que han compartido con los jóvenes experiencias migratorias muy diferentes entre sí. Desde la travesía por el desierto de Níger de Edith o su travesía de 6 días en cayuco hasta El Hiero, hasta el desvanecimiento del negocio de Fanny en Venezuela, donde era gerente de producto en una empresa de electricidad, y la aceptación de un nuevo estatus al llegar a España. A ambas les une la nostalgia, la resiliencia y la esperanza de que lo mejor está por llegar.
Además, los estudiantes han podido conocer, de primera mano, los vídeos que forman parte de la campaña de sensibilización ‘Una situación irregular’ lanzada por Red Acoge (federación a la que está ligada Procomar) en noviembre junto a la ilustradora y escritora Rocío Quillahuaman. Se trata de una iniciativa que ha alcanzado más de medio millón de reproducciones en redes sociales y ha generado cientos de comentarios. La campaña ha servido para visibilizar los obstáculos y las vulneraciones de derechos a las que se enfrentan las personas migrantes sin autorización de residencia y trabajo en España.
Valladolid Procomar Acoge se acoge al manifiesto de la Red Acoge en el que denuncian la falta de vías seguras para migrar y exigen una reforma urgente de las políticas migratorias vigentes.
La asociación recuerda que solo dos de cada diez personas que se ven forzadas a migrar pueden hacerlo con las autorizaciones necesarias. La normativa de extranjería exige que los permisos se gestionen desde el país de origen y estén vinculados a un visado, un proceso que se ha demostrado restrictivo, limitado e incapaz de responder a la realidad migratoria actual.
Debido a la falta de vías legales y seguras, muchas personas se ven obligadas a migrar sin estos permisos, lo que conlleva dos consecuencias principales:
La asociación denuncia que la propia normativa genera un círculo de irregularidad difícil de romper: sin permiso de residencia y trabajo no se puede obtener un contrato; sin contrato no se puede acceder a vivienda; y sin vivienda no se puede tramitar el empadronamiento necesario para iniciar los procedimientos de regularización.
Exigencias a las instituciones
Valladolid Procomar Acoge reivindica que las políticas migratorias deben garantizar la vida y los derechos humanos de las personas que migran, colocando este principio en el centro de la política migratoria. La asociación exige:
“Exigimos, una vez más, vías legales y seguras para impedir miles de muertes evitables, el reconocimiento de derechos de todas las personas independientemente de su situación administrativa, y la regularización administrativa de las personas migrantes para evitar su exclusión”.
Procomar Valladolid Acoge es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que trabaja en la acogida, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas migrantes para lograr su plena integración en la sociedad.
La entidad lleva casi 4 décadas atendiendo y apoyando a este colectivo en la provincia de Valladolid y forma parte de Red Acoge desde 1993
Red Acoge es una federación de organizaciones sin ánimo de lucro que desde 1991 trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes y refugiadas dando especial importancia a la construcción de una sociedad donde la interculturalidad sea motor de transformación social.
Este proyecto propone el desarrollo de una metodología de intervención comunitaria que permita abordar la problemática de los estereotipos y prejuicios generados por el tratamiento mediático de la realidad migratoria. Los agentes claves con los que se realizará el programa piloto, con el fin de probar y perfeccionar esta metodología, son:
o Personas migrantes
o Ciudadanía
o Periodistas
Con organizaciones del tercer sector se trabajará las posibilidades de replicabilidad de la propuesta metodológica, lo que supone que estas entidades sociales sean el cuarto agente clave comunitario participante en el proyecto. Además, se presentará una herramienta para el análisis de las piezas periodísticas sobre migraciones a personas del mundo académico (universidad) para que puedan conocerla y aportar elementos de mejora.
La base desde la que se acomete este proyecto piloto es el conjunto de conclusiones extraídas por el Proyecto Inmigracionalismo (Red Acoge) durante 10 años (2014-2023) de análisis de la cobertura mediática de las migraciones. Los materiales y acciones producidos a partir de estas conclusiones han servido para elaborar acciones de sensibilización, formativas y llamadas a la acción dirigidas a los agentes claves.
Programa ejecutado por Red Acoge y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Unión Europea.
