Nos sumamos a la campaña Emergencia Vivienda

Desde Procomar Valladolid Acoge nos sumamos a la campaña EMERGENCIA VIVIENDA y suscribimos el Manifiesto para denunciar la emergencia que para millones de personas suponen las dificultades para acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible en España.

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MANIFIESTO #EmergenciaVivienda

Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible

La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para millones de personas en España. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas.

Los datos de exclusión en la vivienda abruman y se han agravado con la crisis sanitaria. El 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60% de la población en situación de pobreza severa.

Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza.

Con la covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo ha aumentado a 5,7 millones las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.

Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad).

Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.

Frente a esta emergencia, constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho. Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más.

En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614.000 hogares).

Las organizaciones abajo firmantes defendemos la vivienda como un derecho humano indispensable y un bien de utilidad social. Garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y otros derechos tan fundamentales como la salud y el bienestar.

Creemos también que tanto la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda son oportunidades para asegurar su función social en todo el territorio, exigiendo su plena implantación en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, facilitando la complementariedad con las acciones que ya realizan y la simplificación burocrática y priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables.

Defendemos y entendemos como obra pública prioritaria la inversión en vivienda, especialmente en rehabilitación, como clave de recuperación económica y reconstrucción de derechos post covid que beneficie a toda la ciudadanía, así como de destino prioritario en fondos tanto estatales como europeos.

-Manifiesto completo: Manifiesto #EmergenciaVivienda

-Más información: www.participacionsocial.org/emergenciavivienda

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes aprobada en pleno del 23 de junio contra los delitos de odio

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Celebramos el Día de la Diversidad Cultural reivindicándola como un valor enriquecedor de la sociedad

El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Cada pueblo y sociedad tiene una serie de características  que lo hacen único, singular. Es esta singularidad la que, unida a la del resto, construye la enorme riqueza cultural de nuestro mundo. Es necesario conocer nuestras diferencias, encontrar en ellas nexos de unión y descubrir que podemos reconocernos en la otra persona: entender que esas diferencias, lejos de separarnos, son una fuerza valiosa para impulsar el desarrollo de nuestras sociedades.

Este día es una oportunidad para reflexionar y comprender que una sociedad diversa es una sociedad más fuerte, más inclusiva y más igualitaria.   Apostar por la diversidad como un valor enriquecedor nos hace más plurales, nos hace #singularmenteplurales.

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar 2021

El 30 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de las Trabajadoras del Hogar. Una fecha en la que se quiere visibilizar la situación en que se encuentran miles de estas empleadas, así como poner en valor la labor esencial que realizan en la sociedad. Según la EPA de 2020 hay más de 500.000 personas en España trabajando en el sector doméstico, de las cuales más del 90% son mujeres. De ellas, se calcula que en torno al 80% son mujeres de origen extranjero.  Sólo una de cada tres está dada de alta en la seguridad social: la OIT estima que alrededor de un 30% del empleo doméstico forma parte de la economía sumergida. Mujeres que desempeñan su labor sin cotizar, sin que su trabajo conste, invisibilizadas. La falta de reconocimiento de derechos laborales con los que sí cuentan el resto de trabajadores, unido a la negativa de algunos empleadores de formalizar un contrato y de respetar un salario digno, coloca a muchas de estas mujeres en una situación de desprotección total.

Desde Procomar Valladolid Acoge queremos visibilizar esta realidad, y poner en valor el trabajo imprescindible que realizan estas mujeres, facilitando la conciliación de miles de familias en nuestro país, cuidando y acompañando a niños/as , personas mayores o dependientes y realizando tareas esenciales de limpieza y cuidados. Este año queremos hacer un homenaje a todas ellas desde la visión de sus empleadores y empleadoras, por ello, hemos pedido a algunos de ellos/as que describan qué supone el trabajo de estas mujeres en sus hogares y en su vida diaria. Y la respuesta ha sido unánime: palabras de agradecimiento, de puesta en valor de su labor en el cuidado de quienes más quieren y de reconocimiento al servicio esencial que prestan. 

Conmemoramos el Día Contra la Discriminación Racial 2021 con un vídeo imaginando un mundo sin racismo

El 21 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Una fecha elegida por la ONU en 1966 en recuerdo de la matanza de manifestantes que protestaban contra el apartheid. Hoy, décadas más tarde, miles de personas en todo el mundo siguen sufriendo discriminación por motivos raciales. ¿Qué sucederá el día que no exista el racismo? En Procomar Valladolid Acoge hemos preguntado a las personas que atendemos en nuestra entidad cómo se imaginan ese día. Con sus aportaciones hemos elaborado un vídeo que esperamos que invite a la reflexión a todos aquellos y aquellas que lo vean. Porque llegue un día en el que no sea necesario reivindicar que no haya más racismo, seguiremos luchando contra todo tipo de discriminación por origen racial o étnico. Porque tenemos un compromiso desde hace más de treinta años por la defensa de derechos, la apuesta por la convivencia y la consideración de la diversidad como un valor enriquecedor.

Comunicado de Red Acoge por el Día Contra la Discriminación Racial 2021

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial queremos reconocer la lucha de la juventud migrante para avanzar hacia una sociedad en igualdad de derechos y denunciar la discriminación que sufren miles de personas a diario en nuestro país 

La lucha contra todo tipo de discriminación es la lucha por alcanzar una sociedad donde todas las personas tengan los mismos derechos sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, condición social, económica, jurídica o internacional del país.  El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que, en el Estado español, la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales. Para revertir esta flagrante situación se ha instado al gobierno a la aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato que dé respuesta unificada a las distintas formas de discriminación que se dan en nuestro país. 

Desde el mes de febrero, se ha iniciado la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley para que proteja a todas las personas de las discriminaciones cotidianas fuertemente arraigadas en la sociedad y garantice el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos. Esta Ley debe incluir todas las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Discriminación, entre ellas las relacionadas con la no discriminación de las personas migrantes y refugiadas que obliga a los Estados a garantizar la igualdad en el disfrute de esos derechos entre la población considerada ciudadana y la no ciudadana, en la medida reconocida en el derecho internacional. El modelo establecido en la normativa española para la concesión de la ciudadanía establece unos criterios discriminatorios que condicionan el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes como, por ejemplo, la adquisición de un contrato de trabajo en los sectores cuya demanda de empleo no sea cubierta por los españoles y españolas. Las personas migrantes deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos y deben tener acceso a una participación e igualdad real, sin discriminación alguna, con independencia de su condición migratoria. 

En este día, desde Red Acoge condenamos cualquier tipo de discriminación y urgimos a impulsar una Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que no excluya a las personas en situación administrativa irregular y una Ley de Extranjería que garanticen los derechos de todas las personas extranjeras sin discriminación alguna. 

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos, sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a dicha sociedad. 

Día Internacional de la Mujer 2021

En Procomar Valladolid Acoge celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reivindicando un feminismo que incluya a todas las mujeres por igual, sea cual sea su origen o color de piel, un feminismo racializado y migrante. Como actividad para conmemorar este día hemos entregado un regalo a todas aquellas mujeres que hemos atendido hoy: una pequeña bolsita decorada con bonitas pegatinas que ponen rostro a mujeres de distintas culturas, y dentro de ésta, una mascarilla y una tarjeta con un código QR para descubrir nuestra “Guía Mujer Tenías que Ser“, un documento que recoge consejos y experiencias de mujer migrante a mujer migrante, elaborada dentro del programa Mujer tenías que ser, un proyecto de empoderamiento personal y laboral que desarrollamos en nuestra entidad. Además, se ha animado a todas a participar en las redes sociales utilizando nuestro hastag #LaIgualdadNuestraMejorAlianza.

Las mujeres migrantes son diversas y con mucho que aportar. Esenciales pero muchas veces invisibilizadas. Forman parte de un grupo especialmente vulnerable que sufre doble discriminación, por ser mujeres y extranjeras. Hoy queremos visibilizarlas y alzar la voz por todas ellas.

Comunicado Red Acoge | Ante la emergencia social el feminismo es esencial

En el Día Internacional de la Mujer queremos reivindicar una ciudadanía con plenos derechos para todas las mujeres migrantes y refugiadas, y reconocer el liderazgo que desempeñan en todo el mundo para lograr una sociedad igualitaria y libre de violencias

Miles de mujeres a lo largo de los siglos han luchado para romper con una sociedad que restringe derechos y libertades y se asienta en una desigualdad sistémica. Han reivindicado su papel como agentes políticos en la defensa y promoción de los derechos humanos, exigiendo el fin de las leyes, políticas, prácticas y actitudes sociales y culturales que las discriminan por el hecho de ser mujeres.

Las mujeres migrantes asumen retos, grandes riesgos y superan inmensas barreras para intentar tener una vida digna. En la mayoría de los casos se ven obligadas a migrar sin las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias ante los graves obstáculos para conseguir los visados necesarios en su país de origen.

Una vez en el Estado español, la ley que debería proteger sus derechos se los niega. La ley de extranjería las obliga a vivir un mínimo de tres años de exclusión en situación administrativa irregular y las empuja al trabajo informal y a la economía sumergida.

La irregularidad administrativa provoca que las mujeres migrantes se encuentren expuestas a innumerables situaciones de discriminación, explotación y abusos, limitaciones en el ejercicio de múltiples derechos y provoca una situación de mayor vulnerabilidad frente a todo tipo de violencias. Esta situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

Además, la normativa de extranjería limita el acceso a la justicia y facilita que los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de que son objeto las mujeres migrantes en situación irregular, puedan quedar en la impunidad. El temor a la apertura de un procedimiento de expulsión genera que, muchas personas en situación irregular cuando son víctimas de un delito, no acudan a interponer la denuncia en dependencia policiales.

Por todo ello, son muchas las mujeres migrantes, refugiadas, asociaciones y plataformas formadas por ellas, que denuncian y reivindican derechos para la construcción de una sociedad igualitaria.

En el Día Internacional de la Mujer nos unimos a las reivindicaciones de las mujeres migrantes y exigimos:

La modificación de la legislación de extranjería para acabar con la exclusión y discriminación que genera.

La adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica y protección a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, y la denuncia segura ante la vulneración de sus derechos.

La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluida la trata de personas y la explotación laboral, así como la equiparación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de hogar y cuidados y la protección efectiva de los derechos de las jornaleras y porteadoras.

Porque lo esencial es que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas con plenos de derechos, en igualdad, con independencia de su condición migratoria.