Red Acoge cumple 30 años defendiendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Este año, Red Acoge celebra su 30º aniversario trabajando en la defensa y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, contribuyendo a su inclusión y promoviendo la participación y la igualdad de oportunidades.

Desde que en 1991 un grupo de personas de diferentes organizaciones apostase por el compromiso, la profesionalidad, los valores y la interculturalidad de quienes buscaban una sociedad más justa, la Red ha ido trabajando de manera coordinada y creciendo de manera progresiva, incorporando nuevas organizaciones y fortaleciendo no solamente su presencia en diferentes puntos del territorio nacional, sino también la diversidad de la Federación.

Gracias al esfuerzo y compromiso de cada una de las 21 organizaciones que conforman la Federación, y de los 450 profesionales y 1.200 personas voluntarias, actualmente podemos acompañar a más de 30.000 personas al año.

Tres décadas después, la motivación que nos ha impulsado hasta este momento no ha cambiado. Con el paso del tiempo, hemos conseguido aprovechar nuestra propia pluralidad para que las organizaciones que forman parte y la Federación adquieran cada vez un mayor nivel de compromiso mutuo desarrollando un potente sentimiento de pertenencia como Red Acoge y persiguiendo un objetivo común.

Este compromiso y esfuerzo se traduce en la continua lucha en la defensa de derechos, de la dignidad humana, y de un modelo de ciudadanía intercultural. Miramos al futuro con la seguridad de que una sociedad más justa e igualitaria es posible y con el convencimiento de que seremos una red aún más fuerte, unida, consolidada y comprometida.

Desde Red Acoge no cejaremos en seguir avanzando en nuestro compromiso con las personas, por su dignidad y por la transformación social. Porque somos Red Acoge, y hace 30 años que decidimos poner rumbo hacia un futuro mejor.

Comunicado de Red Acoge frente al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la práctica de devoluciones sumarias en España

Desde Red Acoge, valoramos como vergonzoso e inadmisible el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se ha anulado la condena de 2017 a España por las prácticas de devoluciones sumarias en Frontera Sur.

La culpabilización de las personas que intentaron cruzar la frontera por no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, como se argumenta en el fallo, evidencia un desconocimiento inaceptable de los derechos más básicos que asisten a las personas que huyen de sus países, por parte de un Tribunal que debería protegerlos.

Las escasas vías legales existentes, y las dificultades de acceso a ellas por parte de las personas que intentan cruzar las fronteras, hacen que miles de personas pongan en riesgo su vida todos los días obligándolas a migrar a través de vías irregulares. Este es solo uno de los elementos que conforman una política migratoria caracterizada por el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. 

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser retornada a un tercer país sin su consentimiento libre e informado y en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa, independientemente de su estatus migratorio o de la vía de entrada en el país.

Las devoluciones sumarias infringen un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan una frontera. A estas personas les asisten diferentes derechos para darles protección, como el derecho a solicitar asilo, a la atención letrada, interpretación, atención médica, acceso a la tutela judicial efectiva, al recurso ante los tribunales de la propia expulsión y el derecho a la vida.

Independientemente de esta resolución, la práctica de devoluciones sumarias continúa dándose en nuestras fronteras. Numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por España, y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos de las personas migrantes. 

Por este motivo reiteramos al actual Gobierno su obligación de cumplir con el principio de no devolución, independientemente de la vía de entrada al país y denunciamos los obstáculos a los que se enfrentan las personas para migrar a través de vías regulares y seguras. El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Unas fronteras que no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El Estado español tiene derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme al a sus obligaciones.

La sociedad civil exige que todos los derechos humanos tengan la misma protección en España

El 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, conmemorando uno de los mayores hitos del siglo XX: la creación de instrumentos para la defensa y protección de la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos. En este día, la Plataforma DESC denuncia que en España existen situaciones de vulneración de derechos humanos que no han hecho más que empeorar desde el estallido de la crisis económica y sus años posteriores. Esta grave situación ha sido también denunciada por los diferentes mecanismos de control de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus tres informes al Estado español ha mostrado su preocupación por que los derechos económicos, sociales y culturales sigan siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica y que por tanto únicamente puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, tal como el derecho a la vida.

La Constitución española contempla la incorporación automática de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico en el artículo 10. El Estado español se comprometió al cumplimiento efectivo del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y a la utilización de un mecanismo para hacerlo efectivo con la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976.  Sin embargo, estos derechos son tratados como “derechos de segunda”, con una menor garantía, protección y desarrollo que los derechos civiles y políticos, dada su posición como “principios rectores” en la carta magna, y no como derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Gobierno español se han pronunciado recientemente de forma contundente al respecto.

Desde la Plataforma DESC denunciamos esta interpretación que en últimas impide a la ciudadanía invocar derechos como la vivienda, la salud, la protección social, ante los jueces y tribunales. Es necesaria una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales de la jurisdicción correspondiente Asimismo, urgimos al gobierno español para que establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el [Cuadro de texto: Comunicado de Prensa] seguimiento de los Dictámenes del Comité DESC así como las Recomendaciones de los Diferentes Relatores de Naciones Unidas, de forma que se integren en el ordenamiento jurídico y social de nuestro país para garantizar que España sea un país comprometido de verdad con los derechos humanos.

Sobre la Plataforma DESC:
La Plataforma DESC España es un espacio de la sociedad civil española (entidades sociales, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de cooperación al desarrollo, medio ambientales, de discapacidad, sindicatos…) que trabajan juntas para la elaboración del Informe Alternativo en el 6º Examen periódico de España – PIDESC y siguen cooperando para los siguientes informes ante Naciones Unidas.

Día Internacional contra la trata

En el Día Internacional contra la trata de personas desde Red Acoge ​condenamos enérgicamente la explotación con fines de lucro que sufren millones de personas en todo el mundo y que constituye un delito y una grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas. Denunciamos la persistencia y aumento de esta grave vulneración de derechos y la indefensión en la que se encuentran las víctimas.

Leer comunicado

Ante la Discriminación, no te calles: participa contra la discriminación

“ANTE LA DISCRIMINACIÓN, NO TE CALLES: PARTICIPA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN”

El 21 de marzo se celebra desde el año 1966 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en el que Naciones Unidas nos recuerda que en muchas partes del mundo, la incitación al odio y las prácticas discriminatorias por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, entre otras, están muy extendidas.

En este día nos parece relevante hacer una reflexión teniendo en cuenta el contexto actual, una de las formas en las que se traduce la vulneración del derecho a la Igualdad es la discriminación. El trato peor y diferente a determinadas personas por su condición racial o étnica, es una de las formas más atroces de atentar contra la dignidad humana y que nuestra sociedad debe superar a través de la educación, la sensibilización y la legislación.

Comunicado No Discriminacion