No Discriminación

Actualmente hay más de 22,5 millones de personas refugiadas alrededor el mundo según ACNUR. Todas ellas, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida por conflictos armados y violencia o por ser perseguidas por su etnia, religión, nacionalidad, opinión política, pertenecer a un determinado grupo social o de género.

Sin embargo, las rutas de huida que inician las personas refugiadas están llenas de riesgos que amenazan constantemente su vida. Durante el trayecto se enfrentan a redes delictivas y grupos armados, pueden ser detenidas en condiciones inhumanas o ser víctimas de violencia sexual, de esclavitud, de secuestro e incluso asesinadas. La falta de vías legales y seguras consigue que miles de personas refugiadas mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras.

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El nuevo gobierno de Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de liderar una gestión de los flujos migratorios en la Unión Europea que responda a la crisis humanitaria que se vive. La decisión tomada sobre el Aquarius es un paso positivo, pero no basta con dar protección a un barco, sino que es necesario que España lidere un nuevo enfoque político en la UE que deje de dar la espalda a las personas refugiadas e impulse políticas de protección de las personas que se desplazan que no se basen en el control y la externalización de fronteras; además de mejorar el actual sistema de acogida para que sea flexible y sostenible. Quienes huyen de la guerra, la persecución y la violencia deberían encontrar en España un país donde obtener la protección a la que tienen derecho.

#NOTEOLVIDES

Madrid, 18 de diciembre. Red Acoge quiere compartir sus preocupaciones con la sociedad, con el fin propiciar un diálogo constructivo y generador de consensos en pro de una ciudadanía inclusiva, responsable y diversa.
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en su artículo 13 el Derecho a Migrar como derecho básico y universal, que no hace más que poner de relieve una realidad innata a los seres humanos como es la movilidad humana. Sin embargo, comprobamos diariamente que ese derecho es vulnerado a miles de personas que huyen de las guerras, hambrunas y persecución, en vez de ser protegidas por los estados.

Lamentamos que los responsables políticos no sean capaces de gestionar esta realidad, como se ha puesto de manifiesto en la incapacidad de la UE de cumplir con sus compromisos de acogida a refugiados, el aumento de políticas securitistas y de control de fronteras, los acuerdos con países como Libia dónde la vulneración de los DDHH es constante, etc. Y todo para que sigan aumentando el número de muertes del Mediterráneo, cifrada en más de 3000 personas en lo que va de año.
Desde Red Acoge queremos denunciar el proceso de criminalización que sufren las personas migrantes por parte de los medios de comunicación, y principalmente, de los poderes públicos. Criminalización que se extiende a las organizaciones de la sociedad civil y defensores de DDHH como Helena Maleno, que trabajan día a día por salvar vidas.

Hechos como ingresar en un centro penitenciario a las personas que llegan de manera irregular a nuestras costas, es una vulneración de la normativa de extranjería, entre otras, que queda impune. Cuando se está ingresando en prisión a personas que no han cometido ningún delito, se está lanzando además, un mensaje a la ciudadanía muy peligroso y desprovisto de realidad. Ninguno de estos hechos puede justificar la vulneración del cumplimiento de la normativa nacional e internacional y más cuando hay grupos vulnerables como menores de edad, víctimas de trata y/o solicitantes de protección internacional.
Seguimos insistiendo en la inoperancia del modelo de CIEs en el que las personas son privadas de libertad hasta 60 días, en lugar de recurrir a medidas alternativas previstas en la legislación, que no lesionan sus derechos fundamentales.
No se puede seguir admitiendo la vulneración de DDHH que sucede en la frontera sur, concretamente con las devoluciones en caliente que impiden proteger a las personas más vulnerables, como menores y víctimas de trata, y que supone legitimar una práctica que sigue siendo ilegal, como ya ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Red Acoge apuesta por una ciudadanía inclusiva, que respete la diversidad y trabaje por una sociedad basada en la interculturalidad y justicia social.
Solo apostando por una sociedad diversa fuerte y cohesionada seremos capaces de afrontar los retos que tenemos por delante, y ello nos permitirá luchar contra los discursos racistas y xenófobos basados en el miedo a las diferencias.