El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.
Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.
Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.
Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.
La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.
El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.
Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.
Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.
Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.
El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.
Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.
La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.
Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.
Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.
